En el fallo, la magistrada estableció la falta de servicio del centro asistencial al someter a un enema (lavado intestinal), procedimiento contraindicado en cuadros de abdomen agudo como el que presentaba el paciente, lo que generó una perforación, distensión intestinal, peritonitis y shock séptico que, tras varias cirugías, le causaron la muerte por una falla mutiorgánica y shock séptico.
Los recurrentes, que son personas sordas, no pudieron conocer la evolución médica de su hijo hospitalizado debido a que el recinto de salud no contaba con intérprete, lo que transgrede lo dispuesto por los tratados internacionales de derechos humanos, la Constitución y las leyes.
La normativa debe interpretarse en el sentido de que se opone a que se ordene el retorno o la expulsión de un migrante que se encuentre ilegalmente en el territorio de un Estado miembro y padezca una enfermedad grave, cuando existan motivos fundados y se crea que la persona estaría expuesta, en el tercer país al que sería expulsada, a un riesgo real de aumento significativo, permanente y rápido de su dolor.
