La programación de audiencia fijada por el Tribunal de primera instancia resulta ser desproporcionada, ya que sólo atiende a razones de eficacia de la persecución penal y eficiencia, sin considerar el principio de celeridad y el derecho del imputado a ser juzgado dentro de un plazo razonable y prudente.
El tribunal, además, ha realizado las gestiones necesarias para la protección del interno, con lo cual la decisión aparece revestida de suficiente fundamento.
No se advierte como podría entenderse vulnerada la libertad personal o la seguridad individual si se autoriza a los testigos del Ministerio Público como a los de defensa a prestar declaración en forma telemática, ya que ello no vulnera la inmediación requerida.
Se debe garantizar que el testimonio de personas que han sido vulneradas en sus condiciones de libertad se desarrolle en condiciones de libertad para asegurar la calidad de su testimonio, impidiendo que el juicio oral suponga un aumento de la victimización por quien ya sufrió la agresión.
La privación de libertad del amparado se funda en una decisión que fue adoptada por la autoridad correspondiente, dentro del ámbito de su competencia.
