La reforma confiere mayores poderes a los custodios, quienes estarán facultados para utilizar fuerza razonable en caso que el delincuente se negare a sentarse en el banquillo. En última instancia, se podrá facilitar un enlace de video para que asistan en forma telemática. Si el criminal se resiste a comparecer, arriesgará una pena extra de 2 años de cárcel.