El principio de proporcionalidad no exige repartir las ayudas entre todas las víctimas del acontecimiento de carácter excepcional de que se trate, en proporción a los perjuicios sufridos por estas. Por otra parte, las empresas no han demostrado que la ayuda controvertida constituyera, debido a que solo beneficiaba a AUA, un obstáculo a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios.

La ilegalidad resulta del hecho de que el legislador europeo –el Parlamento Europeo y el Consejo– incumplió su obligación de exponer las razones por las que facultó al Consejo, y no a la Comisión Europea, para adoptar el acto de ejecución de que se trata.

Para tener la facultad de plantear cuestiones, el organismo remitente debe poder ser calificado de «órgano jurisdiccional» con arreglo al Derecho de la Unión. Pues bien, este no cumple el requisito de independencia. En efecto, sus miembros pueden ser cesados anticipadamente por el ministro Federal de Arte, Cultura, Administraciones Públicas y Deporte «por motivos graves», concepto que no está definido en la legislación nacional.

El interesado debe disfrutar de la protección garantizada por la Convención de Ginebra que prohíbe, en concreto que, por expulsión o devolución, se ponga a un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad peligren, entre otros motivos, debido a su religión.

Una comisión de investigación creada por el parlamento de un Estado miembro en el ejercicio de su facultad de control del poder ejecutivo debe respetar, en principio, el RGPD. Ciertamente, esta normativa no se aplica a los tratamientos de datos personales efectuados por las autoridades estatales en el marco de una actividad destinada a preservar la seguridad nacional.

Los Estados miembros distintos del Estado miembro de origen del servicio en cuestión no pueden adoptar medidas de carácter general y abstracto aplicables indistintamente a cualquier prestador de una categoría de servicios de la sociedad de la información.

La finalidad del derecho del consumidor a desistir de un contrato celebrado a distancia que tiene por objeto una prestación de servicios se cumple cuando el consumidor dispone, antes de la celebración del contrato, de una información clara, comprensible y expresa sobre el precio de los servicios objeto de dicho contrato, precio que se adeuda bien a partir del momento de celebración del contrato, bien a partir de una fecha posterior a esta.

El órgano jurisdiccional competente debe tener en cuenta la imposibilidad temporal de los órganos jurisdiccionales del otro Estado miembro para adoptar una resolución sobre el fondo del derecho de custodia, que respete ese interés del menor, antes de que el tribunal de dicho Estado, ante el que se ha presentado la demanda de restitución del menor, se haya pronunciado sobre ella.

El ejercicio del derecho constitucional a réplica no puede estar limitado por los valores de publicación de la réplica.

El Tribunal Constitucional Austriaco sostuvo que la exclusión de los medios de comunicación vulnera el derecho fundamental de la protección de datos.