El actuar del recurrido es potencialmente vulneratorio de la integridad física de los recurrentes y se yergue como una medida de autotutela ilícita proscrita en nuestro ordenamiento jurídico.

El actuar del recurrido resulta ilegítimo, en la medida que ejerció un acto de autotutela no admitido en la ley, buscando por sí mismo establecer las características de una vía de tránsito.

No se acredita una vulneración al derecho de propiedad, toda vez que el recurrente no cuenta con una servidumbre de tránsito en beneficio de su inmueble, quien además puede ingresar por otra vía.

Establecer la condición de pagar los gastos comunes para ingresar al condominio constituye una vía de hecho que contraría el orden jurídico, pues impide de facto el acceso establecido en beneficio de los predios.

Aún cuando la recurrida invocó su calidad de propietaria frente al ocupante sin aparente título, su ingreso a dicho inmueble constituyó un acto ilegal al optar por la vía de autotutela.

El recurrido incurrió en un acto arbitrario e ilegal, que perturba la garantía constitucional contemplada en el artículo 19, Nº3, inciso 5º, de la Constitución, al asumir en la práctica la función de juzgar.

El máximo Tribunal enfatiza que mientras se encuentre pendiente el señalado juicio, cualquier alteración del status quo debe ser autorizada judicialmente.

El recurrente alegó que, si bien el portón se construyó en la propiedad del recurrido, él siempre tuvo libre acceso al predio por ese camino y hoy, arbitrariamente, se le niega la entrada a su propiedad.