La requirente sostiene que el precepto impugnado resulta incompatible con los principios constitucionales de igualdad ante la ley y debido proceso, al restringir injustificadamente el derecho a una defensa efectiva y a un juicio justo.
Al reconstruir la sucursal “San Francisco de Borja” -vandalizada durante el estallido social-, el Banco instaló turbinas de ventilación que producen constantes ruidos molestos a los vecinos de un edificio contiguo, vulnerando con ello el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y el derecho a la integridad psíquica.
La Primera Sala del tribunal de alzada descartó actuar arbitrario de la autoridad fiscalizadora.
El banco debía acreditar que las transacciones desconocidas por la consumidora efectivamente fueron realizadas por ella.
La Corte determinó que condicionar el acceso a la repactación de la deuda, cuando esta ya había sido ofrecida, resulta contrario a los principios que informan la legislación de protección al consumidor.
En primera instancia, el Tribunal acogió la denuncia infraccional, argumentando que el afectado era un cliente hipervulnerable atendida la edad, lo que hacía exigible al banco una conducta de mayor cuidado para evitar fraudes; decisión que fue revocada por la Corte de Apelaciones.
Incumplió el plazo legal de 5 días hábiles en que debió proceder a cancelar las operaciones o reembolsar hasta 35 UF los cargos pagados por el cliente contados desde que recibió el reclamo.
La entidad financiera se limitó a señalar que realizó el abono del monto sustraído, sin que haya acreditado esa situación, la que, por lo demás, fue desconocida expresamente por la querellante.
Demandantes acusaron de estafa al Banco por cobrar créditos que los propios actores solicitaron para un tercero, intentando desviar su responsabilidad en una ejecutiva bancaria que adulteraba información de clientes para simular capacidad crediticia, hecho que no fue suficiente para acreditar el supuesto dolo del demandado al otorgar los préstamos que intenta cobrar a los deudores.
La acción de protección no es la vía idónea para resolver el asunto planteado, pues requiere una declaración previa de derechos y obligaciones en un juicio de lato conocimiento, no existiendo en consecuencia, derechos indubitados que cautelar.
Al no haber abonado el dinero sustraído ni haber accionado contra el usuario por culpa grave en los hechos, el banco incumplió las obligaciones dispuestas en la Ley N°21.234, por lo que su actuar fue ilegal, afectando el derecho de propiedad del usuario.
