La entidad financiera se limitó a señalar que realizó el abono del monto sustraído, sin que haya acreditado esa situación, la que, por lo demás, fue desconocida expresamente por la querellante.

Demandantes acusaron de estafa al Banco por cobrar créditos que los propios actores solicitaron para un tercero, intentando desviar su responsabilidad en una ejecutiva bancaria que adulteraba información de clientes para simular capacidad crediticia, hecho que no fue suficiente para acreditar el supuesto dolo del demandado al otorgar los préstamos que intenta cobrar a los deudores.

La acción de protección no es la vía idónea para resolver el asunto planteado, pues requiere una declaración previa de derechos y obligaciones en un juicio de lato conocimiento, no existiendo en consecuencia, derechos indubitados que cautelar.

Al no haber abonado el dinero sustraído ni haber accionado contra el usuario por culpa grave en los hechos, el banco incumplió las obligaciones dispuestas en la Ley N°21.234, por lo que su actuar fue ilegal, afectando el derecho de propiedad del usuario.

Al no existir un derecho indubitado en torno a la restitución del remanente que pretende la cliente y habiéndose descartado la actuación que se denunció como ilegal, no se vislumbra en la especie que la conducta del banco tenga la aptitud para vulnerar el derecho de propiedad del actor.

El actor hizo uso personal de su clave Be Pass en la aplicación del Banco Estado instalada en su teléfono móvil y no se logró acreditar la veracidad de que recibió una llamada de una mujer no identificada y que habría afirmado ser ejecutiva del Banco.

La recurrente no acreditó la existencia de un derecho indiscutido y preexistente de aquellos cuyo imperio se deba proteger por esta vía cautelar de urgencia

Los hechos dan cuenta de una situación no contemplada en el ámbito de aplicación de la ley N°21.234, de forma que mal puede configurarse una infracción si la ley no considera la conducta en la que se sustenta el reparo.

El artículo 84 del Código de Procedimiento Civil autoriza al juez para corregir de oficio los errores que observare en la tramitación del proceso, y adoptar las medidas que tiendan a evitar la nulidad de los actos procesales, rectificando de este modo los yerros en que se ha incurrido.

La actuación de la recurrida que se aparta de la normativa ha ocasionado un perjuicio patrimonial a la actora, afectando su garantía protegida en el artículo 19 N°24 de la Constitución.