No resulta acreditada por el actor la relación causal entre el robo y el puntual hecho que le atribuye a la entidad bancaria -incumplimiento al deber de seguridad en su perjuicio-, al no haber siquiera probado la afirmada presencia del tercero “informante” o “marcador” dentro de las dependencias del banco accionado en la oportunidad que relata.

No sólo permite proteger la privacidad de las personas que hayan padecido de cáncer, sino que, además, evita que ésta se arrastre en términos financieros, en cuanto impide que a partir de los cinco años desde que se haya dado el alta de la enfermedad, las aseguradoras y los bancos tenga en cuenta el historial clínico de las personas afectadas por el cáncer.

La Novena Sala del tribunal de alzada ratificó en íntegramente la sentencia de primera instancia, dictada por el 25° Juzgado Civil de Santiago, que le ordenó al banco el pago de la suma de $3.074.000, por concepto de daño emergente, provocado por el actuar negligente de la demandada, al incumplir con la obligación de velar por la seguridad informática de transacciones electrónicas.

La conducta de la entidad bancaria para con el actor, no sólo resulta contraria al trato digno que merece todo consumidor de conformidad con la norma aplicable y el principio de buena fe que debe primar en toda relación contractual, sino que además denota un claro y grave desprecio por el derecho del contrario.

La Primera Sala del máximo tribunal desestimó la procedencia del recurso al no configurarse la causal de nulidad invocada por el recurrente.

La Séptima Sala del tribunal de alzada consideró que hubo actuar arbitrario al negar la revisión del fraude.

Crítica concreta se refiere a la precisión de la impugnación, señalándose el agravio; mientras que con la expresión “razonada” se alude a la necesidad de que se proporcionen los fundamentos y las bases que demuestren el error de la sentencia. La presentación bajo examen no cumple con los aludidos recaudos, toda vez que ninguno de los argumentos del apelante es idóneo para descalificar las conclusiones a las que se arribó en el decisorio.

La Primera Sala del tribunal de alzada descartó actuar arbitrario de la autoridad fiscalizadora.

El Tribunal de alzada estableció que se encuentra probada la responsabilidad del banco al incumplir sus obligaciones contractuales.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal del banco al proceder a realizar el descuento en forma unilateral.