La Corte establece que “tratándose de las expresiones vertidas en el ejercicio del poder de representación asociado a la libertad sindical, los límites están dados por una eventual afectación a la honra, el prestigio o el funcionamiento de la empresa en que prestan sus servicios los trabajadores”.

Se acreditó que las operaciones fueron efectuadas por la recurrida o un tercero, las que son de conocimiento, cuidado y responsabilidad de ella, probándose que actuó con culpa grave.

Se declaró injustificado el despido de un cajero bancario desvinculado por pagar un depósito a quien no era el titular. El actor alegó que no había sido capacitado para evitar estos fraudes, pero luego confesó haber intentado verificar la identidad del cobrador mediante el sistema biométrico por que “ese era el procedimiento a seguir”, contradicción no observada por la judicatura de base.

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la resolución recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que confirmó la de primer grado que no dio lugar a seguir adelante con la ejecución.

El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso impetrado en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, por manifiesta falta de fundamento.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal del banco al mantener la supuesta deuda en el boletín comercial.

El Tribunal constató que el banco denunciado cumplió con la entrega del servicio contratado, puesto que efectivamente realizó, en tiempo y forma, la transferencia de dinero a la cuenta informada por el consumidor.

El Juzgado de Policía Local había acogido la demanda de perjuicios tanto por daño moral como por daño emergente, sin embargo, en alzada la Corte desestimó el resarcimiento del primero por no haber sido acreditado.

El tribunal estimó que es absolutamente posible que el titular haya facilitado sus claves y tarjeta física a un tercero para que realice la operación en su lugar, lo que, sumado a operaciones similares efectuadas en la misma cuenta, permiten inferir que no se trata de operaciones inusuales o sospechosas.

El Banco se encontraba facultado tanto por el artículo 17 B letra b) de la Ley N° 19.496, como por la cláusula 13 del contrato respectivo, y por las circulares e instrucciones dictadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.