En la audiencia de formalización, la magistrada ordenó el ingreso de Varas Sepúlveda al Centro de Detención Preventiva Santiago I, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 90 días el plazo de investigación.

El actuar de la empresa denunciada infringió los deberes de seguridad en el consumo y de cumplimiento de lo convenido en el contrato, dispuestos en los artículos 3 letra d) y 12 de la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor.

Según los artículos 3 letras d) y 23 de la Ley del Consumidor, y en especial atención al giro del proveedor, entre otros, la custodia de valores, el banco debe contar con sistemas de seguridad y vigilancia para evitar la comisión de delitos, ya que ello constituye una exigencia mínima del deber de seguridad.

Recibir los pagos y destinarlos a las deudas que ordena el cliente es parte de las obligaciones del proveedor, establecidas en el contrato celebrado entre los intervinientes, por lo que, al no cumplir con ella, incurre en infracción a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N°19.496 y Ley General de Bancos.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 20° Juzgado Civil de Santiago, que anuló la cláusula cuestionada.

El máximo Tribunal descartó error en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que confirmó la de primer grado que estableció que la demanda fue presentada con posterioridad al vencimiento de los cuatro años de prescripción.

El Tribunal de alzada descartó infracción en la decisión del tribunal de primera instancia.

El recurrido menoscabó la honra del actor, desde el momento en que hizo público un incumplimiento de carácter económico fuera de los casos previstos por la ley.

La Ley N°21.234 vigente al momento del fraude obliga a los emisores de tarjetas de crédito a restituir hasta 35 UF, respecto al monto superior el banco podrá optar por restituirlos o ejercer las acciones que considere procedentes.

La Corte Suprema ordenó entregarle la suma de dinero que depositó en la cuenta de ahorro bipersonal de la que es cotitular.