La sentencia fue acordada con el voto en contra del Ministro Leopoldo Llanos quien fue del parecer de revocar la sentencia apelada y acoger el recurso de protección.

El fallo del Tribunal de Alzada señaló que, no se verificó la existencia de un acto u omisión arbitrario e ilegal por parte de la recurrida.

El fallo del Tribunal de Alzada señaló que, el actuar del Banco recurrido excedió las facultades que le confirió la ley dentro del contrato de depósito y que su actuar resultó arbitrario.

El recurrente estimó que se vulneró su garantía del artículo 19 numeral 24 de la Constitución.

El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario e ilegal del banco recurrido al negarse a reversar los fondos.

El máximo Tribunal consideró que el banco se encontraba autorizado para suscribir los pagarés del cliente.