El demandante había podido impugnar la decisión del BdP ante la autoridad. Se celebraron varias audiencias en el curso de las cuales se escuchó al demandante y a los testigos. Por lo tanto, la supervisión de la autoridad no consistió simplemente en una revisión de legalidad, sino que, de hecho, fue llevada a cabo por un tribunal con plena jurisdicción.
Uno de los mayores riesgos en internet ya no proviene de vulnerabilidades técnicas en los sistemas, sino de la manipulación psicológica de las personas. Esto es lo que comúnmente conocemos como «ingeniería social» y ha demostrado ser una de las herramientas más efectivas para los engaños virtuales.
Berlusconi se limitó a conservar una participación cualificada adquirida mucho antes, en una fecha en la que las disposiciones del Derecho de la Unión aplicadas por el BCE aún no habían sido transpuestas al Derecho italiano.
Cabe aclarar que la normativa de consumo, que sin duda resulta protectoria de los derechos de la parte débil de la relación, de ningún modo implica liberar al accionante de su deber de acreditar los presupuestos mínimos que prueben o que permitan inferir con cierto grado de credibilidad sus dichos.
La falta de publicación por parte de las autoridades del Estado miembro de origen (Portugal) no conlleva ni la invalidación de esta medida ni la inoponibilidad de sus efectos en el Estado miembro de acogida (España). A falta de dicha publicación, el Derecho del Estado miembro de origen debe permitir a las personas afectadas en el Estado miembro de acogida interponer un recurso contra las medidas de saneamiento en un plazo razonable desde que les fueron notificadas.
El tipo de contratación efectuada —contrato bancario— se sustenta en la seguridad que garantiza el oferente respecto de quien concurre a las instalaciones del primero a realizar una operación. Y ese quiebre de seguridad, como ocurre en la especie, implica una ruptura de la confianza que llevó a los accionantes a concurrir a la sucursal de la entidad bancaria accionada dando por sentado que dentro de la misma no sufrirían daño alguno.
La ilegalidad resulta del hecho de que el legislador europeo –el Parlamento Europeo y el Consejo– incumplió su obligación de exponer las razones por las que facultó al Consejo, y no a la Comisión Europea, para adoptar el acto de ejecución de que se trata.
El juez debe tener en cuenta las consecuencias que generan el desahucio del consumidor y de su familia de la vivienda que es su residencia principal. En efecto, en el Derecho de la Unión, el derecho a la vivienda es un derecho fundamental garantizado por el artículo 7 de la Carta que el juez nacional debe tomar en consideración al aplicar la Directiva 93/13.
La norma que establece un beneficio tributario consistente en un crédito reembolsable de poco más de 1 millón de pesos, fue respaldado por el Senado y quedó en condiciones de convertirse en ley.
Aunque con un ánimo educativo el banco invite a sus clientes a usar los canales digitales para que realicen operaciones bancarias, de forma rápida y sencilla, ello no puede implicar una restricción en el servicio a los clientes.
Toda transferencia constituye una forma de ejecución de obligaciones contractuales previamente asumidas, ejecución obligada cuando se dan las condiciones pactadas. Es por ello que se entiende que la orden de transferencia constituye una declaración de voluntad o mandato, en virtud de la cual el banco asume la realización de transferencias por cuenta del cliente como parte del contrato de servicio de caja.
