La protección del bienestar animal es un valor ético al que las sociedades democráticas contemporáneas conceden una importancia creciente. La protección de la moral pública, a la que se refiere el artículo 9 del Convenio, no puede entenderse como destinada únicamente a proteger la dignidad humana en el ámbito de las relaciones interpersonales.

El juez no puede denegar la ejecución de una ODE únicamente porque la persona buscada sea una madre con hijos de corta edad a su cargo. En efecto, habida cuenta del principio de confianza mutua entre los Estados miembros, se presume que las condiciones de reclusión de una madre con hijos de corta edad en el Estado miembro emisor de la ODE están adaptadas a esa situación.

Para luchar contra una pandemia como la de Covid-19, un Estado miembro puede prohibir los viajes no esenciales hacia o desde otros Estados miembros clasificados como «zonas rojas». También puede imponer a las personas que entren en su territorio la obligación de someterse a pruebas de detección y de guardar cuarentena.

Cada Estado miembro, y cualquier entidad infraestatal en el ámbito de sus competencias, dispone de un margen de apreciación en cuanto al concepto de neutralidad del servicio público que pretende promover en el lugar de trabajo, en función del contexto que le es propio. No obstante, este objetivo debe perseguirse de forma congruente y sistemática, y las medidas adoptadas para alcanzarlo deben limitarse a lo estrictamente necesario.

El sistema de protección de los derechos garantizados por el Convenio se basa en el principio de subsidiariedad y, de acuerdo con ese principio, corresponde a los tribunales nacionales hacer respetar los derechos garantizados por el Convenio. Así, este sistema no podría funcionar correctamente si los tribunales nacionales no administraran justicia dentro de un plazo razonable, lo cual ocurrió en el caso concreto.

El derecho protegido por el artículo 6 de la Convención debía interpretarse a la luz de su Preámbulo, que declara el Estado de Derecho como patrimonio común de los Estados Contratantes. Uno de los aspectos fundamentales de este Estado es el principio de seguridad jurídica, que exige, en particular, que cuando los tribunales hayan resuelto definitivamente una cuestión, su decisión no debe ser cuestionada

La falta de toda flexibilidad por parte del Estado miembro puede imposibilitar la observancia de los plazos legales establecidos. Por consiguiente, la reagrupación familiar podría verse sometida a requisitos adicionales más difíciles de cumplir, contraviniendo el objetivo de la normativa europea de prestar una especial atención a la situación de los refugiados.

El principio de confianza mutua entre Estados miembros parte de la premisa de que todos los estados miembros respetan los derechos fundamentales de la UE.

Es deber de cada Estado miembro de la UE adoptar las medidas necesarias para asegurar que cada trabajador goce de un periodo mínimo de once horas consecutivas.

La normativa consultada no puede considerarse por sí sola desproporcionada o inadecuada, ya que persigue garantizar la seguridad en las zonas portuarias y prevenir los accidentes laborales.