El Tribunal explica que el hecho que hayan transcurrido aproximadamente catorce meses entre la fiscalización y la notificación de la formulación de cargos (marzo 2022- mayo de 2023) “no permite modificar el análisis ni la conclusión de la SMA plasmada en la resolución reclamada sobre la eficacia de las medidas propuestas en el PdC por el titular, en términos de tornarla ilegal”.