El fallo sostiene que en los hechos los recurrentes practicaron una verdadera apropiación de un bien nacional de uso público, que carece de justificación, puesto que la naturaleza jurídica de este tipo de bienes indica que su utilización debe estar abierta a toda la comunidad.
Al encontrarse en debate judicial el dominio de tales terrenos, no existe un derecho indubitado que pueda ampararse mediante la acción de protección.
La señalización sobre el peligro de tránsito existente en el lugar eran insuficientes para advertir que éste no se encontraba en óptimas condiciones para todo tipo de peatón.
Atendida la naturaleza jurídica del bien, el actuar de las recurridas deviene en ilegal, toda vez que para obtener su restitución se debe estar al procedimiento especial del Decreto Ley Nº1.939.
El Tribunal de alzada desestimó el recurso de apelación deducido en contra de la sentencia dictada por el Juzgado de Policía Local de Calera de Tango, que ordenó el derribo.
La recurrida actuó con total apego al ordenamiento jurídico y con una base técnica sólida en miras a proteger el ecosistema de la laguna, la sustentabilidad económica de la misma y la salud de las personas.
