El requirente alega que la norma legal objetada infringe la libertad personal y seguridad individual, el derecho a un procedimiento racional y justo, el derecho a defensa y el debido proceso, desde que a pesar de estar en prisión preventiva se le impide conocer los antecedentes de la causa, por cuanto no se puede acceder ni a la carpeta investigativa ni a la oficina virtual del Poder Judicial.
El derecho a un juicio justo no es violado por la continuación y finalización del procedimiento de decomiso en primera instancia.
La imputada conocía desde el principio de la relación la vinculación del hombre en actividades delictivas, de lo que queda indudable constancia a la vista de las consultas que efectúa en las Bases de Datos Policiales.
En esta fase procesal no se valora la culpabilidad o inocencia del procesado, sino si existen indicios que justifiquen su status de procesado.
