La falta del cumplimiento del contrato generó un severo perjuicio. Se debe resaltar que la exigencia de condiciones de atención y trato digno que refiere la legislación y el principio de buena fe, debe primar en toda relación contractual, debido que apuntan al respeto por el consumidor como persona, quien no puede someterse a menosprecios ni desconsideraciones.

El Síndrome de Alienación Parental (SAP) no solo no es un síndrome diagnóstico, sino que estaría inhabilitado para expresar un diagnóstico y enunciar un tratamiento a seguir. Por lo tanto, metodológicamente sobre la base del SAP, no se puede hacer diagnóstico ni pronóstico, ya que, carece del estatus clínico necesario.

Al imponer esta cláusula de manera generalizada, se limita la capacidad del consumidor para ejercer su derecho al cambio y/o devolución del producto o prestación, de ser el caso. Asimismo, debe considerarse que la inclusión automática de dicha cláusula sin evaluar las particularidades de la transacción desconoce el principio de equidad en las relaciones de consumo.

El vendedor está obligado a entregar al consumidor productos que sean conformes con el contrato, respondiendo frente a él de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto. En el caso de que se trata hay que estimar acreditado que el móvil enviado no era conforme con lo contratado, ya que no poseía ni presentaba una de las cualidades, «color Oro», que Vodafone había ofrecido.

El deudor del IVA no puede ser el emisor aparente de una factura falsa cuando este actúa de buena fe y la Administración tributaria conoce la identidad de la persona que ha emitido realmente dicha factura. En esa situación, es esta persona la que adeuda el IVA. Una interpretación diferente sería contraria al objetivo de la Directiva 2006/112/CE.

En la aplicación de su régimen disciplinario interno especial de bancadas, los partidos políticos deben garantizar plenamente el derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 constitucional. La fuerza normativa de la garantía y el derecho al debido proceso no se restringe al ámbito público, sino que invade todo el ordenamiento jurídico, incluso las relaciones entre particulares.

La empresa tenía el deber de obrar en consecuencia de la buena fe y del principio de prevención, que comprende el de evitar el agravamiento del daño. Y es evidente que la continuidad de las publicaciones en la red es causa del perjuicio.

El abogado no verificó la exactitud de los casos citados por ChatGPT antes de incluirlos en su libelo. Fue solo en la mañana de la audiencia que se dio cuenta de posibles errores en las citaciones y admitió no haber revisado los casos. Atribuyó falsamente los errores a un pasante legal cuando el juez expresó reparos al respecto.

El argumento expuesto por el banco en el cual sostiene que una persona a la que se le realizan débitos automáticos debe impugnarlos, pues en caso contrario se entienden por aceptados, impone al usuario una carga que es excesiva pues el consumidor ni siquiera ha contratado el servicio que le están descontando.

El banco no refutó la falta de información previa y asesoramiento por parte de la demandada sobre posibles riesgos, la desproporción entre los contratantes, la discrepancia entre las obligaciones reclamadas y la fianza establecida, la coincidencia temporal entre la firma de la fianza y el de la asunción de gran parte de la deuda y la ambigüedad de las cláusulas del contrato.