Cuestiones que hoy están reguladas en la ley que organiza el tribunal, y sobre las que se mantiene un consenso mayoritario, van a ser trasladadas a la Constitución, lo que, obviamente, dificultará su reforma en el futuro. En un repliegue defensivo, conscientes de su incapacidad política, los partidos confían en la Constitución y su tribunal como última barricada.