Los demandantes debieron enfrentar trámites y gestiones burocráticas desconociendo ante quien debían presentar la documentación para activar el seguro de vida colectivo. El deber de información a cargo de las empresas les impone obligaciones de resultado y no se alcanza sólo con entregar formularios o pólizas redactadas con letra chica y en forma tan extensa que se torna incomprensible para los consumidores.