Si bien no es posible determinar la sentencia que el actor recibiría si fuera declarado culpable en Estados Unidos, sí tendría la oportunidad de ofrecer evidencia sobre cualquier factor atenuante, y el juez estaría obligado a tomar en cuenta las sentencias dictadas en casos análogos. También tendría derecho a apelar contra cualquier fallo impuesto.

En la ejecución de las condenas impuestas a los miembros del crimen organizado deben respetarse los principios constitucionales.