La demandante presentó diversas licencias médicas por cuadros de estrés generado por el acoso laboral de su jefatura y compañeros, hecho que debe ser discutido ante el tribunal para determinar la responsabilidad de los demandados, en función del principio de tutela judicial efectiva.
Caducidad de la acción
Norma que impide apelar resoluciones que rechazan excepciones de incompetencia del tribunal, caducidad y prescripción en el juicio laboral, se impugna ante el Tribunal Constitucional.
Corte Constitucional de Colombia ampara derechos de un hombre que sufrió daño ocular durante una manifestación estudiantil.
Tribunal argentino confirma compensación económica a mujer que ejerció un rol “tradicional” durante su matrimonio, en desmedro de su propio desarrollo personal.
Plazo para interponer la acción de despido injustificado es de 90 días, y no de casi 2 años como lo pretendía el demandante.
El quejoso fue desvinculado el 31 de diciembre de 2020, pero dedujo demanda de despido injustificado el 30 de diciembre de 2022, excediendo largamente el plazo contemplado en el artículo 168 del Código del Trabajo. El máximo Tribunal rechazó el argumento de que se le ha impedido el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, por el largo tiempo que dejó pasar antes de acudir a la magistratura.
Envío de correo electrónico no es suficiente para iniciar el cómputo de un plazo, pues la notificación es válida solo si el destinatario ha acusado recibo.
Envío de correo electrónico no es prueba plena de su recepción, pues dicho efecto se otorga si se acusa de recibo, y no basta aportar como pruebas documentales las capturas de pantalla para probar su envío.
Plazo de caducidad para interponer demanda por despido injustificado en sede laboral, se impugna en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
El requirente estima que el plazo máximo de 90 días constituye un obstáculo irracional para el ejercicio de su derecho a una tutela judicial efectiva.
Norma que establece un plazo máximo para interponer demanda de despido injustificado, se impugna ante el Tribunal Constitucional.
El requirente estima que el plazo contemplado constituye un obstáculo irracional para su derecho a una tutela judicial efectiva.