El demandante pidió el pago de las prestaciones derivadas del despido por necesidades de la empresa, a lo cual, el demandado opuso excepción de caducidad -la que fue acogida y confirmada por la magistratura-, en circunstancias que debió oponer la excepción de prescripción.

Tenía un plazo de 210 días corridos para completar su constitución, plazo en el que debía afiliar a personas con derecho a voto en el porcentaje exigido por la ley.

El juez laboral estimó que el actor dedujo la demanda por auto despido fuera del plazo de 60 días, fundado en que la norma sólo se aplica al despido propiamente tal, decisión que fue confirmada por los ministros recurridos que convalidaron tal error. El máximo Tribunal acogió el recurso de queja y ordenó dar curso a la demanda, al considerar que la norma del artículo 171 sí incluye a la demanda de despido indirecto.

Se aprecia una correcta interpretación de las normas, las que fueron analizadas en forma lógica y concordante, y derivan en la conclusión de que el plazo para interponer la demanda había concluido a la fecha de la presentación de la demanda.

La Dirección de Obras Municipales justificó el incumplimiento a las normas de la SEREMI que ordenaban la suspensión de los plazos de caducidad, en que se trataría de instrucciones ilegales.

No resulta aplicable el artículo 13 de la Ley de Transparencia invocado por SERNAPESCA que permite a un órgano requerido de información derivar a otro organismo de la Administración que se encuentra en mejor posición para satisfacer los antecedentes, pues los datos solicitados por el ciudadano se encuentran en su poder.

El inicio de la investigación suspende este plazo de prescripción. Según lo previsto en el artículo 86 de la ley 20.529, no es posible ejercer la potestad sancionadora administrativa en este caso concreto.

Los procedimientos fueron suspendidos por un plazo superior al legal, excediendo así el lapso máximo previsto en la norma.

La norma estableció un plazo de caducidad de las acciones laborales en el contexto de la crisis sanitaria por Covid-19, y el consecuencial estado de excepción constitucional.

El máximo Tribunal determinó que la demanda se presentó dentro de plazo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley N°19.880.