La aprobación de la ordenanza se da en respuesta a las recientes declaraciones del presidente electo Donald Trump, quien ha anunciado planes para endurecer la política migratoria mediante deportaciones masivas y restricciones adicionales en la frontera.
A pesar de este veto, el gobernador ha firmado recientemente tres proyectos de ley relacionados con la regulación de la inteligencia artificial. Estas leyes tienen como objetivo mitigar los efectos del uso de la IA en la creación de contenidos relacionados con las elecciones, particularmente en lo que respecta a la proliferación de “deepfakes”.
Se afirma que la compañía estaba al tanto de que las formas degradadas de plásticos, conocidas como microplásticos, son prácticamente imposibles de eliminar del medio ambiente, teniendo la capacidad de dispersarse ampliamente en los ecosistemas.
Estas leyes complementan la AB 730, introducida en 2019, que prohíbe la distribución de «deepfakes» relacionados con candidatos en los 60 días previos a su participación en una boleta electoral. La AB 730 también establece la posibilidad de que los candidatos afectados por deepfakes puedan emprender acciones legales.
Tras su aprobación en la Asamblea, el proyecto ha sido remitido al Senado de California para su consideración. En caso de ser aprobado por el Senado, el proyecto de ley será enviado al gobernador Gavin Newsom, quien decidirá si procede con su promulgación o veto.
La directiva del Gobernador se emite aproximadamente un mes después de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso City of Grants Pass, Oregon v. Johnson. En dicha decisión, la Corte autorizó a los gobiernos a hacer cumplir las prohibiciones a los campamentos de personas sin hogar.
Las funciones de la agencia a crear incluirán la creación de un proceso para verificar la investigación genealógica necesaria para que las personas califiquen para los beneficios, así como la supervisión de otras agencias gubernamentales encargadas de implementar políticas de reparación.
La propuesta reconoce la necesidad de una fuerte campaña de educación pública sobre el uso seguro de sustancias psicodélicas, así como la implementación de medidas de reducción de daños. También hace hincapié en la importancia de establecer pautas claras y reguladas para el uso terapéutico de estas sustancias.
El juez señaló que las leyes de verificación de antecedentes de municiones violan el derecho de los ciudadanos a la Segunda Enmienda, que consagra el derecho a poseer armas. Expresó que el enfoque original propuesto por los votantes, un permiso de compra de municiones de 4 años y $50, habría sido constitucionalmente más razonable que el sistema actual.
El texto destaca los desafíos que plantean la tecnología y los sistemas impulsados por IA, como la recopilación e intercambio de datos no autorizados. Busca implementar los lineamientos generales que han sido establecidos por el gobierno federal en esta materia.
El máximo Tribunal estableció que en la especie se cumplen los requisitos para dar cumplimiento en el país a la resolución emanada del tribunal californiano.
