En un programa radial, el querellado reprodujo contenido de otros medios de comunicación respecto de los negocios aparentemente sospechosos de un empresario inmobiliario de la quinta región, lo que no puede ser considerado como injurias ni calumnias, pues las expresiones emitidas no son de autoría del querellado, y el ofendido no dedujo querella contra los medios que las dieron a conocer en su momento.
En ausencia del elemento subjetivo del tipo que, al decir de los profesores Politoff, Matus y Ramírez “tiñe de sentido la conducta en cuanto peligrosa para el bien jurídico”, no se vislumbra infracción alguna de carácter legal en la sentencia impugnada, la cual concluyó en la absolución de la imputada.
El medio de comunicación fue condenado a pagar 11 UTM, por la publicación de un reportaje que afirmaba que el querellante fue removido de su cargo por poseer vínculos con bandas dedicadas al robo de madera en la zona. El máximo Tribunal no dio lugar a tramitar el recurso de nulidad deducido en contra de la sentencia condenatoria.
La apreciación personal de una persona de la existencia de un acontecimiento discriminatorio por identidad de género no tiene el carácter de difamatorio. Por su parte, la recurrente cuenta con otras herramientas jurídicas en contra de la publicación.
El actor fundamentó su petición a las empresas en el artículo 24 letra H) de la ley 18.168, el cual regula el principio de neutralidad de la red.
El Ministerio Público se aparató de su objetivo primordial, la búsqueda de la verdad material, desarrollando una conducta tendenciosa, insistiendo en obtener pruebas que sirvieran a su pretensión, a efectos de mantener la prisión preventiva, aparatándose del principio de objetividad y de la presunción de inocencia.
El Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acogió demanda de tutela laboral por vulneración de la garantía constitucional del derecho a la honra.
La nota hacía referencia al caso “relojes vip” y en ella se indicaba al actor como uno de los compradores de las especies robadas.
Los recientes desórdenes públicos acontecidos a propósito del ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél para cumplimiento de una condena por delito de enaltecimiento del terrorismo, han puesto en la picota ciertos delitos, conocidos comúnmente como ‘delitos de expresión’.
La Corte de Concepción declaró no es posible concluir que se hayan vulnerado las garantías constituciones contempladas en el artículo 19 N. º 1, Nº 2, N. º 4 y N. º 24 de la Constitución Política de la República.
