Se busca, por interpretativa, que la “Ley Cholito” se aplique a los criadores, dueños o poseedores de aquellos animales de manera que pese sobre ellos el cumplimiento de las obligaciones registrales y de tenencia responsable que contempla esa legislación.
La Comisión de Mujeres y Equidad de Género recibió a la ministra de esta cartera, Antonia Orellana, y al subsecretario del Interior, Luis Cordero.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, participó en la instancia legislativa donde confirmó la voluntad del gobierno de acelerar la tramitación de la norma.
La propuesta, revisada por la Comisión de Derechos Humanos, pretende evitar la dependencia de órdenes judiciales para iniciar las pericias en el Servicio Médico legal y ajustar la normativa actual.
Las indicaciones que se consultan buscan modificar el procedimiento de reclamación seguido ante las cortes de apelaciones, regulado en el artículo 141 de la Ley N° 21.325, e incorpora dos nuevos artículos que regularizan la procedencia del recurso de apelación, situación que hoy está reglada a través del Auto Acordado dictado por la Excelentísima Corte Suprema N° 158 de 2023.
La diputada Carla Morales expuso el texto de su autoría ante las y los diputados de la Comisión de Vivienda. El Ejecutivo dio su apoyo a la idea y presentó una indicación sustitutiva sobre la materia.
La moción propone aumentar a un año el permiso postnatal de la madre (54 semanas), y podrá transferir las últimas 24 semanas al padre o decidir no utilizarlas y reincorporarse a sus funciones.
El proyecto votado en la Comisión de Constitución se originó en mociones refundidas. El Ejecutivo presentó una indicación orientada en el marco de la regulación de maltrato animal.
En la sesión participó el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien junto al subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, entregaron antecedentes sobre el alcance de la propuesta del gobierno.
El libelo presentado transversalmente por diputadas y diputados de los comités DC, PPD, PS, FA, PC-FRVS-PAH y Mixto Radical Liberal, por el supuesto incumplimiento de sus deberes como ministro de la Corte Suprema, se rechazó por 66 votos a favor, 54 en contra y 14 abstenciones.
La iniciativa sostiene que se hace necesario levantar información fidedigna que permita comparar las diferencias sociales entre cada persona afectada por la prisión preventiva porque no existiría un método expedito para realizar dicha investigación y definir los criterios no discriminatorios para su aplicación
