La iniciativa busca profundizar la respuesta penal frente a los delitos cometidos contra mascotas debido a su valor y lo significativo que pueden ser, además de proteger la salud pública.
Se busca limitar la actuación en materia de distribución de utilidades de tales sociedades, atendido el tipo de cotización de seguridad social que administran.
A su vez, consagra dicha obligación respecto de quienes sean condenados por iguales resultados al conducir bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas.
La iniciativa apunta a auxiliar el pasar económico de una persona o familia que vive una situación apremiante debido a una enfermedad de alto costo u otra razón calificada.
La iniciativa busca incorporar un mecanismo que permita, además de un escrutinio transparente de la gestión, la realización de acciones propositivas desde los territorios, estimulando la descentralización y la elaboración política colectiva.
La iniciativa busca que el aumento de la pena constituya un verdadero mecanismo de prevención del delito, que inhiba a los delincuentes de seguir cometiendo esa clase de conductas ilícitas y reprochables.
Las garantías fundamentales alegadas por los actores no se encuentran resguardadas por la acción constitucional intentada.
La iniciativa tiene por objeto reemplazar el control interno sobre los fondos públicos del Congreso Nacional por un control externo de un órgano especializado, como la Contraloría General de la República.
Se busca establecer la posibilidad de que Diputados (as) y Senadores (as) renuncien libremente al ejercicio de sus cargos.
La nueva normativa regula el ataque a la integridad de un sistema informático, el acceso e interceptación ilícita, el ataque a la integridad de los datos informáticos, la falsificación informática, la receptación de datos informáticos, el fraude informático, el abuso de los dispositivos, entre otras materias sustantivas y procesales.
