La Comisión de Gobierno Interior culminó la votación del proyecto que busca fortalecer las competencias de la Subsecretaría del Interior y mejorar la ejecución de las expulsiones administrativas.
La moción parlamentaria, aprobada en la Comisión de Economía, busca proteger los derechos de los consumidores.
En sus primeras palabras, señaló que la denuncia por violación y abuso sexual por la que se encuentra formalizado Monsalve es “atroz”. Ello adquiere mayor gravedad porque la víctima es una subordinada, “lo cual genera una gigantesca asimetría de poder”.
La Contraloría informó que no se pronunciará sobre las renovaciones de contratas en el sector público y la definición de confianza legítima en dichos casos. Con esto, el tema sólo podrá ser revisado en sede judicial.
En el marco del debate de cambios a ley de responsabilidad adolescente para asegurar el cumplimiento de penas, los padres de un menor asesinado relataron su caso y cómo el asesino finalmente solo cumplió 3 años de su condena.
La Sala concluyó el análisis y votación del Presupuesto 2025, tras despecharse las partidas de los gobiernos regionales y del Tesoro Público.
La Comisión de Seguridad Ciudadana también comenzó a analizar otros proyectos referidos al robo por sorpresa o con violencia y uno que asegure el origen lícito de los honorarios de abogados defensores de imputados por ley de drogas.
Esta autorización y declaración no será necesaria en aquellos hechos que constituyeren delitos contra la Probidad o la Función Pública, caso en el cual el Ministerio Público podrá formalizar la investigación sin más trámite si así lo resolviere.
La norma que se debate en la Comisión de Gobierno Interior subraya que el ordenamiento penal, necesariamente, debe reaccionar con herramientas efectivas para asegurar la procedencia legal del dinero destinado a la caución económica y los honorarios de abogados.
La iniciativa modifica el DLF N°1, de 2005, del Ministerio de Salud, para eliminar las enfermedades o condiciones preexistentes de que trata su artículo 190, las discriminaciones por edad y sexo, tanto para la afiliación a las ISAPRES como para restricciones o exclusiones de beneficios dentro de los planes complementarios de salud, y crea un plan común de salud para las personas afiliadas a esas instituciones.
