El documento concluye que “es muy preocupante que la relación de cooperación público-privada en la provisión de bienes y servicios públicos se vea empañada por el mal uso de un sistema de transferencias mediante convenios, dado que el desarrollo del país y la persecución del bien común mediante la colaboración entre el Estado y los cuerpos intermedios es parte del ADN de nuestro ordenamiento jurídico”.

En forma transversal, diputadas de la comisión de Mujeres piden que como Estado se proteja la vida de mujeres, víctimas de femicidios frustrados y de violencia reiterada.

La iniciativa, que comenzó su discusión en la Cámara Baja en marzo de 2024, considera ocho mejoras a la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, con el objetivo de dar un mayor cumplimiento a la normativa ambiental.

La moción busca establecer un marco legal que responda de manera efectiva a la realidad migratoria y que también fortalezca los mecanismos de seguridad y orden público.

También busca que se pueda citar a gobernadores regionales y magistrados de tribunales superiores de justicia.

La Sala de la Cámara concluyó la tramitación del texto que moderniza normas sobre violencia en los estadios. La iniciativa, que busca erradicar los hechos delictuales de los espectáculos de fútbol profesional, continuará su tramitación en el Senado.

El proyecto se aprobó con una serie de modificaciones, por lo cual fue derivado al Senado a tercer trámite. Asimismo, la Sala rechazó diversas normas referidas al rol del Ministerio del Interior.

La iniciativa, que pasa ahora al Senado, define los principios y deberes que guiarán el actuar de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública junto a las Fuerzas Armadas en los casos que la normativa vigente lo permita.

La resolución pide capacitar e informar respecto del uso, procedencia y exigibilidad de los beneficios de la credencial de cuidador o cuidadora.

Los parlamentarios resaltan que el aumento en los avalúos fiscales ha resultado en contribuciones que se han vuelto excesivamente onerosas e inasequibles para las personas jubiladas de 65 años de edad, que cuentan con resolución de discapacidad.