El Senado aprueba el proyecto que da origen al nuevo Servicio Nacional Forestal (Sernafor), entidad descentralizada que reemplazará a la Corporación Nacional Forestal (Conaf). El proyecto incluye nuevas funciones en la lucha contra incendios y propone mejoras en la protección laboral de los trabajadores del sector forestal.
Ratificó la decisión de primera instancia de suspender permanentemente la disposición controvertida, para que las agencias y funcionarios estatales incluyan el análisis de las emisiones de gases de efecto invernadero y sus efectos sobre el cambio climático en sus evaluaciones ambientales.
El litigio responde a un proceso puesto en marcha hace cuatro años por algunos de los principales grupos ecologistas.
La demanda detalla cómo los daños ambientales relacionados con el cambio climático, tales como la lluvia ácida, los fenómenos meteorológicos extremos y el aumento del nivel del mar, han afectado al Estado. En este contexto, el fiscal argumenta que las empresas demandadas podrían haber previsto razonablemente estos daños, pero no adoptaron medidas para mitigarlos.
Solicita que el tribunal declare estas acciones como violaciones a los derechos civiles y se busca la concesión de daños nominales y punitivos. Además, requiere una evaluación judicial que garantice la neutralidad de FEMA en futuras operaciones de asistencia, independientemente de las preferencias políticas de los beneficiarios.
Imponer objetivos de reducción específicos a una sola entidad privada podría vulnerar los principios de seguridad jurídica y previsibilidad, esenciales en el desarrollo del derecho corporativo, especialmente respecto a empresas multinacionales sujetas a regulaciones variadas en diferentes jurisdicciones.
El informe subraya la necesidad de mantener y reforzar las políticas de acción climática, especialmente en el contexto de los fenómenos meteorológicos extremos registrados recientemente en Europa. Durante los últimos cinco años, la UE ha liderado iniciativas de lucha contra el cambio climático y la degradación medioambiental en el marco del Pacto Verde Europeo.
Una reciente Opinión Consultiva del Tribunal Internacional del Derecho del Mar marcó un hito en la lucha contra el cambio climático.
La autoridad incumplió sus obligaciones relativas al regreso, reasentamiento y reintegración de los afectados por el desplazamiento por factores ambientales. Estas obligaciones encuentran su fundamento, entre otros, en los artículos 1, 51, 90 y 95 de la Constitución, así como en los Principios Deng y Pinheiro.
El proceso previo a las audiencias públicas ha incluido un año de presentación de escritos, durante el cual la CIJ ha recibido un total de 91 presentaciones escritas y 62 réplicas. Este volumen de contribuciones refleja el interés significativo que ha suscitado esta consulta en la comunidad internacional.
Este procedimiento consultivo ante la CIJ es adicional a la solicitud de opinión consultiva presentada el 9 de enero de 2023 por Colombia y Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos, en la que Colombia también participó activamente en todas sus etapas y que se encuentra en fase de deliberación.
