Los recursos recaudados mediante este mecanismo se destinarán a financiar proyectos prioritarios para la adaptación climática, tales como, la modernización de infraestructuras críticas, sistemas de refrigeración de alta eficiencia energética, programas relacionados con los efectos del cambio climático en la salud pública, y la restauración de ecosistemas naturales como humedales.
Solicita que el tribunal declare estas acciones como violaciones a los derechos civiles y se busca la concesión de daños nominales y punitivos. Además, requiere una evaluación judicial que garantice la neutralidad de FEMA en futuras operaciones de asistencia, independientemente de las preferencias políticas de los beneficiarios.
Imponer objetivos de reducción específicos a una sola entidad privada podría vulnerar los principios de seguridad jurídica y previsibilidad, esenciales en el desarrollo del derecho corporativo, especialmente respecto a empresas multinacionales sujetas a regulaciones variadas en diferentes jurisdicciones.
El informe subraya la necesidad de mantener y reforzar las políticas de acción climática, especialmente en el contexto de los fenómenos meteorológicos extremos registrados recientemente en Europa. Durante los últimos cinco años, la UE ha liderado iniciativas de lucha contra el cambio climático y la degradación medioambiental en el marco del Pacto Verde Europeo.
Una reciente Opinión Consultiva del Tribunal Internacional del Derecho del Mar marcó un hito en la lucha contra el cambio climático.
La autoridad incumplió sus obligaciones relativas al regreso, reasentamiento y reintegración de los afectados por el desplazamiento por factores ambientales. Estas obligaciones encuentran su fundamento, entre otros, en los artículos 1, 51, 90 y 95 de la Constitución, así como en los Principios Deng y Pinheiro.
El proceso previo a las audiencias públicas ha incluido un año de presentación de escritos, durante el cual la CIJ ha recibido un total de 91 presentaciones escritas y 62 réplicas. Este volumen de contribuciones refleja el interés significativo que ha suscitado esta consulta en la comunidad internacional.
Este procedimiento consultivo ante la CIJ es adicional a la solicitud de opinión consultiva presentada el 9 de enero de 2023 por Colombia y Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos, en la que Colombia también participó activamente en todas sus etapas y que se encuentra en fase de deliberación.
Esta legislación se alinea con la Estrategia Energética 2050 de Suiza, que busca alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2050, tal como prometió el Consejo Federal en 2019. En los últimos cinco años, Suiza ha dependido de las importaciones para alrededor del 70% de su consumo energético, predominantemente de fuentes no renovables.
La audiencia es parte del proceso abierto a instancias de Chile y Colombia, en la que pidieron una «opinión consultiva» sobre la responsabilidad de esos estados en dicho fenómeno.
La opinión insta a los Estados, especialmente a aquellos con una mayor responsabilidad histórica en el cambio climático, a adoptar medidas más estrictas de reducción de emisiones. La opinión destaca la necesidad de esfuerzos adicionales más allá de los establecidos en el Acuerdo de París.
