Este procedimiento consultivo ante la CIJ es adicional a la solicitud de opinión consultiva presentada el 9 de enero de 2023 por Colombia y Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos, en la que Colombia también participó activamente en todas sus etapas y que se encuentra en fase de deliberación.

Esta legislación se alinea con la Estrategia Energética 2050 de Suiza, que busca alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2050, tal como prometió el Consejo Federal en 2019. En los últimos cinco años, Suiza ha dependido de las importaciones para alrededor del 70% de su consumo energético, predominantemente de fuentes no renovables.

La audiencia es parte del proceso abierto a instancias de Chile y Colombia, en la que pidieron una «opinión consultiva» sobre la responsabilidad de esos estados en dicho fenómeno.

La opinión insta a los Estados, especialmente a aquellos con una mayor responsabilidad histórica en el cambio climático, a adoptar medidas más estrictas de reducción de emisiones. La opinión destaca la necesidad de esfuerzos adicionales más allá de los establecidos en el Acuerdo de París.

Estas medidas se enmarcan en la propuesta legislativa adoptada por la Comisión Europea el 14 de febrero de 2023, la cual busca revisar los estándares de emisiones de CO2 de los vehículos pesados. Esta propuesta también establece que las regulaciones sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte por carretera deben ser un componente esencial del Pacto Verde Europeo.

Como resultado de esta sentencia, el Gobierno se ve obligado a revisar su plan dentro de un plazo de 12 meses y a garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales del Reino Unido en materia de presupuestos de carbono, así como la promesa de reducir las emisiones en más de dos tercios para el año 2030.

Desde 2023 el Bundestag ha estado deliberando sobre la reforma de la legislación vigente. Conforme a la versión original de la ley, algunos sectores, como el transporte o la construcción, estaban obligados a cumplir con los requisitos de emisiones de gases de efecto invernadero, los cuales no fueron alcanzados durante el año anterior.

Los demandantes alegan que los planes climáticos de Corea del Sur no son adecuados para mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de 1,5 grados Celsius con respecto a los niveles «preindustriales», lo que a su juicio vulnera sus derechos fundamentales.

Como han puesto de relieve múltiples organismos y organizaciones internacionales, en un contexto de crisis climática estamos enfrentados a otros tipos de movilidades humanas, más allá de las producidas por la violencia y el conflicto, que muestran la necesidad de comprender el desplazamiento forzado interno de manera más amplia.

Prohíbe la extracción de turba en todo el territorio nacional, por tratarse de humedales reconocidos internacionalmente por actuar como reguladores de la química atmosférica, y ser considerados como una de las mayores fuentes y sumideros de carbono del planeta.