Producto del cambio climático, ¿es posible una protección de las generaciones futuras en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos?
A través del texto legal se busca restaurar los ecosistemas naturales y disminuir las emisiones de carbono. Para lograr estos fines, la ley exige a los Estados miembros la creación de planes nacionales que impulsen una gobernanza amigable con el medio ambiente, en estrecha colaboración con el sector científico.
En la resolución aprobada se observa que, pese a la evidencia científica, hay sectores políticos que expresan sus dudas sobre la materia.
El 20 de octubre de 2023 se fija como plazo para presentar declaraciones escritas sobre las cuestiones en consulta, y el 22 de enero de 2024 como plazo dentro del cual los Estados y organizaciones que hayan presentado declaraciones escritas puedan presentar comentarios sobre los escritos realizados por otros actores.
La Corte Interamericana emitirá una opinión consultiva con respecto a las obligaciones estatales en materia de emergencia climática, ¿qué implicancias tiene esto y cuál es su importancia?
A través de esta resolución, que contó con un gran apoyo de los miembros de la Asamblea General, se solicita a la Corte Internacional de Justicia que emita una opinión consultiva sobre las obligaciones que corresponden a los Estados en la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global, para que así la comunidad internacional tomé medidas concretas en un futuro próximo.
La legislación se enmarca en el llamado “paquete climático”, que es un conjunto de medidas en virtud de las cuales la UE busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La meta es reducirlos al menos en un 55% para el año 2030.
Establece un marco jurídico que regula la institucionalidad del cambio climático y crea instrumentos para gestionar la crisis.
El Pleno emitirá pronunciamiento sobre la constitucionalidad de las normas del proyecto que regulen materias propias de ley orgánica constitucional.
Los Estados deben consultar y buscar el consentimiento de las personas cuyos derechos pudieran ser violentados por programas y proyectos que impliquen riesgo de daño ambiental significativo.
