La forma de aplicar un reproche que sea proporcional a los hechos y, a la vez, asegurar el derecho del alumno a la continuidad del proceso educativo, se logra por la vía de aclarar que la sanción a la cual éste queda sometido es la cancelación de su matrícula para el año escolar 2025.
Si bien el actuar de la recurrida se ha fundado en la aplicación de las medidas contempladas en la Ley de Aula Segura, no es menos cierto, que se advierte que la medida carece de proporcionalidad.
El colegio adoptó la sanción más gravosa de su reglamento interno en contra de uno de sus estudiantes por una única denuncia, sin considerar además las consecuencias derivadas de la decisión, atendida la separación de su comunidad estudiantil.
Sobre cada alumno, en tanto miembro de la comunidad educativa, y como contrapartida de los derechos que les asisten, pesan deberes expresamente contemplados en la normativa educacional, cuyo incumplimiento puede y debe ser objeto de investigación y corrección.
No se vislumbra acto u omisión ilegal y arbitrario en la tramitación del procedimiento que concluyó con la cancelación de la matrícula del estudiante, ni que la sanción fuera desproporcionada, tanto en razón a la entidad de la falta establecida como por no tratarse de la primera medida aplicada al alumno.
El colegio cumplió adecuadamente el procedimiento de investigación establecido en su normativa interna, sin que se advierta vicio de ilegalidad o de arbitrariedad en su actuar.
La Superintendencia no explicó cómo las irregularidades que detectó implicaron para el alumno, sus apoderados, o los demás miembros de la comunidad escolar, alguna merma o detrimento en el adecuado ejercicio de sus derechos.
La sanción se justifica en reiterados hechos de especial gravedad como son atentados contra la integridad física y/o psíquica de otros miembros de la comunidad educativa, en particular compañeros y compañeras.
La actuación del colegio es arbitraría y vulnera los derechos fundamentales de la estudiante, en tanto impide que curse su último año de educación media con el pretexto de mantener deuda por los años anteriores
Establecimiento debió acompañar su Reglamento de Convivencia Escolar, toda vez que fundamenta la cancelación de matrícula en las faltas sancionadas con tal medida en ese instrumento.
No es posible determinar con precisión cuáles son las conductas atribuidas al niño y que configurarían alguna de las faltas gravísimas en el reglamento.
