Aunque la incertidumbre en los resultados es consustancial a la práctica de la medicina (circunstancia que explica la inexistencia de un derecho a la curación) los ciudadanos deben contar frente a sus servicios públicos de la salud con la garantía de que, al menos, van a ser tratados con diligencia aplicando los medios y los instrumentos que la ciencia médica posee a disposición de las administraciones sanitarias.
A la luz de las recomendaciones médicas, la falta de atención médica adecuada y la situación médica actual del propuesto beneficiario, la CIDH considera, por el criterio prima facie del mecanismo de medidas cautelares, que los derechos a la vida, integridad personal y salud del hombre se encuentran en grave riesgo.
Si bien la ley procesal no contempla de forma expresa la posibilidad de sustitución de la pena privativa de libertad de la manera que solicita el recurrente, existen reglas y principios de entidad superior, que deben ser consideradas el presente caso.
Si la Aseguradora estima que se configura un caso de enfermedad preexistente, debe discutirlo en un juicio de lato conocimiento, de acuerdo a la naturaleza del contrato suscrito. En tanto, mientras no se emita un pronunciamiento judicial a su favor, debe cumplir con el contrato de seguro.
Parece lógico asentir en la existencia de un error de diagnóstico en el análisis de las muestras patológicas extraídas a la demandante, siquiera por haberlo así reconocido el propio laboratorio demandado. Error de diagnóstico que sí sirve para sustentar la acción de responsabilidad ejercitada cuando nos encontramos ante un error de notoria gravedad y con unas conclusiones absolutamente erróneas.
El texto de la resolución llama a resolver con celeridad la situación de personas que han sufrido un retraso en sus tratamientos por la paralización que experimentaron las atenciones médicas producto de la crisis sanitaria.
Garantizando así que las personas que hayan padecido y sobrevivido al cáncer, no sufran discriminaciones financieras una vez superada su enfermedad.
En caso de pérdida de oportunidad el daño que se indemniza no es el material correspondiente al hecho acaecido sino la incertidumbre en torno a la secuencia que hubieran tomado los hechos de haberse seguido en el funcionamiento del servicio otros parámetros de actuación, en suma, la posibilidad de que las circunstancias concurrentes hubieran acaecido de otra manera.
El cáncer de mamás es la segunda causa de muerte de las mujeres chilenas.
El Estado está al servicio de la persona humana y debe garantizar el derecho a la vida, argumenta la Corte Suprema para acoger el recurso de protección.
El tribunal sustituyó una pena de privación de libertad por la remisión condicional de la pena.
