No ha sido el mero capricho de la autoridad policial la que la ha llevado a adoptar la referida decisión, sino el hecho de haberse detectado cannabiodes (THC) en el examen de orina del funcionario, por lo que la autoridad llamada a pronunciarse sobre la falta cometida por el actor, ha actuado dentro del ámbito de sus competencias.
La configuración jurídica del concepto de culpa o negligencia por incumplimiento contractual en el ámbito del suministro eléctrico se ha apartado de la clásica configuración de la negligencia como reproche culpabilístico a una conducta concreta del deudor, convirtiéndose en una imputación derivada de una asignación de los riesgos típicos de la actividad empresarial.
El respaldo a esta legislación fue argumentado por el Ministro Federal de Salud, Karl Lauterbach, quien destacó los fracasos de las políticas de prohibición anteriores, que llevaron a un aumento del consumo entre los jóvenes y la proliferación del mercado negro. Lauterbach hizo hincapié en la importancia de enfocarse en la educación y en la eliminación del mercado negro como estrategias más efectivas.
La búsqueda de un óptimo estado de salud es inherente a la vida digna. Por lo tanto, la falta del suministro del medicamento no permite que las accionantes puedan mitigar el dolor padecido, tengan que convivir con aquel a diario y no gocen de un adecuado estado de salud. Se concluye que la entidad accionada vulneró el derecho a la vida digna de las accionantes.
Se ha vulnerado el deber de fundamentación de toda medida que conculca derechos fundamentales, como lo es, en este caso, el derecho a la educación, conculcando con esto el debido proceso y, por tanto, la igualdad ante la ley.
Las razones entregadas por los sentenciadores deben ser interpretadas dentro de la integridad de la sentencia y no por partes, como pretende la recurrente, toda vez que obedece al razonamiento que los jueces exhiben en su desarrollo, vinculando distintas circunstancias sobre las que recae el enjuiciamiento.
Se les pudo atribuir la tarea de cuidado y riego, tarea que se encuadra, dentro del verbo rector de “cultivar” y con la definición de esta acción que entrega el diccionario de la Real Academia de la lengua española: “Dar a la tierra y a las plantas las labores necesarias para que fructifiquen”.
El tipo penal del artículo 3 de la Ley Nº20.000 no exige pureza en una parte específica de la planta, sino la existencia del principio activo de la cannabis sin importar la cantidad incautada, ya que aquella sustancia es la que permite considerar a la especie vegetal como atentatoria contra la salud pública.
Existen razones de interés nacional para no tolerar y sancionar drásticamente el consumo de drogas al interior de Carabineros, no dejando espacios a interpretaciones que pudieran relajar el cumplimiento de la Ley 20.000 y de las instrucciones impartidas por la autoridad institucional, normativa que está en conocimiento de todo el personal y que es objeto de constantes fiscalizaciones, entre ellas, exámenes de orina sorpresas, como ocurrió en este caso, refiere el voto en contra.
En nuestro sistema penal, rige el principio de irretroactividad de la ley penal al tenor de lo dispuesto en el artículo 18 del Código Penal, con la excepción de la ley penal más favorable, por lo que el tribunal recurrido desoye el mandato legal, refiere el voto en contra.
Si al impugnante no le gustó la manera en que se decidió y razonó por los jueces para desestimar su alegación, tal es un asunto diverso a que la explicación y fundamentación sea ilógica y atente contra el principio de la razón suficiente.
