El recurrido informó que ante la ausencia de instalaciones militares aptas en la región, adoptó medidas paliativas, como el aislamiento del imputado en un módulo especial dentro del Centro Penitenciario de Alto Hospicio.
El menor había sido detenido por el presunto delito de porte de arma cortante y trasladado a la unidad, donde el imputado lo golpeó en los baños del recinto, provocándole diversas lesiones.
El funcionario fue condenado a la pena de 12 años de presidio. En su defensa, argumentó que el hecho fue accidental y que debía ser exculpado por no existir dolo en su actuar, y en subsidio, solicitó una pena atenuada por no cometer el delito con alevosía; contradicción argumental que el máximo Tribunal calificó como improcedente.
La magistrada estableció que en la especie existen antecedentes suficientes para condenar al Estado por su responsabilidad en el accidente provocado por el actuar imprudente del carabinero que conducía la patrulla.
El Tribunal, tras la deliberación de rigor, dio por acreditado tanto la ocurrencia del delito como la participación culpable del acusado en los hechos, descartado la calificación de apremios ilegítimos hecha por el querellante.
Crespo, que se encuentra formalizado por las lesiones que dejaron ciego al estudiante, Gustavo Gatica, enfrenta una nueva querella por apremios ilegítimos y otros delitos ocurridos durante el Día del Joven Combatiente en el año 2018.
La Segunda Sala del Tribunal de alzada no hizo lugar a la acción cautelar deducida y confirmó la resolución dictada el 30 de enero pasado, que decretó la prisión preventiva del exsuboficial del GOPE.
El Tribunal de alzada estimó que de acuerdo a las evidencias disponibles se podría configurar la hipótesis de legítima defensa.
En la audiencia de control de la detención, el juez ordenó que el imputado permanezca detenido en tránsito en la Tenencia Los Jazmines de Carabineros, de la ciudad de Valdivia, unidad que deberá ponerlo a disposición del tribunal, vía remota, para la audiencia de formalización de la investigación.
El abogado Cristián Eduardo Inostroza Quiñiñir fue condenado a 300 días de presidio, suspensión de profesión titular y de cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena; más el pago de una multa de 6 UTM, en calidad de autor del delito consumado de obstrucción a la investigación.
El Tribunal estableció que no han variado los antecedentes que en su momento se valoraron para decretar la prisión preventiva de Zamora Soto, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
