El requirente alega que el precepto legal objetado infringe la igualdad ante la ley, el acceso a un recurso efectivo, el debido proceso y el principio de seguridad jurídica, desde que impide reclamar la medida expulsiva dispuesta por la Dirección General de Carabineros.
El delito se habría cometido a las 15:50 horas y el reconocimiento se realizó después de las 22:08 horas de ese día, estando el imputado ya detenido por un motivo diverso. Además, no consta que la víctima antes del reconocimiento consignara las características de las personas a quienes le atribuyó la comisión del ilícito.
El fallo señala que, con los antecedentes hasta aquí reunidos es posible concluir que el proceder de los funcionarios de Carabineros el día de los hechos se puede estimar propio de un actuar policial racional y consecuente con las circunstancias en que debieron hacer uso de sus armas de fuego, sin que exista ningún elemento fáctico que permita sostener lo contrario.
El Tribunal de alzada revocó la sentencia apelada, dictada por el 29º Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la acción.
La presencia de efectivos policiales en el Hospital, no se fundamenta en una vigilancia a ella, sino porque la normativa de estos recintos asistenciales así lo exigen.
Modifica el decreto Nº 1.358, de 2006, del Ministerio del Interior, que establece normas que regulan las medidas de control de precursores y sustancias químicas esenciales dispuestas por la ley Nº 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, por cuanto se ajusta a derecho. El documento incluye siete nuevos compuestos e incorpora en la fiscalización a la PDI y Carabineros.
El proyecto se aprobó con una serie de modificaciones, por lo cual fue derivado al Senado a tercer trámite. Asimismo, la Sala rechazó diversas normas referidas al rol del Ministerio del Interior.
Las comisiones unidas de Constitución y de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados determinaron que un arma letal es aquella que, empleada conforme a su diseño y destinación, tiene alta probabilidad de causar la muerte o lesiones graves. También se aprobaron las reglas en el caso del personal de las Fuerzas Armadas.
La reacción que ha tenido el Estado frente a las fuerzas de Orden y Seguridad por su rol en el estallido social ha diferido sustantivamente del enfoque tomado con las personas que delinquieron en esa misma época y cometieron actos de violencia, fundamentalmente por un enfoque político.
Los hechos habrían tenido lugar el día 15 de marzo de 2024, durante un procedimiento en que el camarógrafo del canal Universidad Autónoma de Chile Televisión cubría una noticia consistente en una manifestación de agricultores, que se realizaba en la ruta 5 sur, en el sector de PUA.
El requirente alega que las normas legales objetadas infringen el principio de legalidad, el debido proceso, el principio de la irretroactividad de la ley penal y el principio de presunción de inocencia, desde que a pesar de que no existe un nexo causal entre la conducta del ex Director General con la causación del resultado, se le atribuye la participación en apremios ilegítimos por el carácter de alto mando, en circunstancias que, sus instrucciones no fueron impartidas para ordenar que los oficiales o suboficiales a su cargo cometieran delito alguno durante el estallido social.
