Modifica el decreto Nº 1.358, de 2006, del Ministerio del Interior, que establece normas que regulan las medidas de control de precursores y sustancias químicas esenciales dispuestas por la ley Nº 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, por cuanto se ajusta a derecho. El documento incluye siete nuevos compuestos e incorpora en la fiscalización a la PDI y Carabineros.
Los hechos habrían tenido lugar el día 15 de marzo de 2024, durante un procedimiento en que el camarógrafo del canal Universidad Autónoma de Chile Televisión cubría una noticia consistente en una manifestación de agricultores, que se realizaba en la ruta 5 sur, en el sector de PUA.
El requirente alega que las normas legales objetadas infringen el principio de legalidad, el debido proceso, el principio de la irretroactividad de la ley penal y el principio de presunción de inocencia, desde que a pesar de que no existe un nexo causal entre la conducta del ex Director General con la causación del resultado, se le atribuye la participación en apremios ilegítimos por el carácter de alto mando, en circunstancias que, sus instrucciones no fueron impartidas para ordenar que los oficiales o suboficiales a su cargo cometieran delito alguno durante el estallido social.
La decisión adoptada es, efectivamente, una de aquellas previstas en la reglamentación respectiva y fundada en las necesidades propias de la institución recurrida, por lo que las circunstancias hechas valer por los recurrentes no impiden el traslado del actor, por cuanto esto obedece a necesidades propias de Carabineros.
Tampoco hubo afectación a la prohibición de juzgamiento por comisiones especiales, sino que se trató de una forma extrajudicial que la recurrida empleó para reclamar sus derechos.
La resolución denunciada como ilegal o arbitraria, no es sino una diligencia dentro de la tramitación de un procedimiento investigativo aún inconcluso. Recién ahora en ese procedimiento el recurrente puede hacer uso de su derecho a debatir las conclusiones y proposición primarias del Fiscal, presentar sus pruebas y, eventualmente, ejercer los recursos administrativos y legales que le asisten.
Para desarrollar actividades de seguridad privada, las empresas deben contar con una autorización otorgada por la institución policial, previa acreditación del cumplimiento de la idoneidad cívica de todos sus socios, administradores y representantes legales, entre otros requisitos.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, la igual protección en el ejercicio de sus derechos, el debido proceso y el principio de supremacía constitucional, desde que se decretó su retiro temporal por el Director Nacional de Gendarmería, ejerciendo una facultad que se le atribuye exclusivamente al General Director de Carabineros y que es aplicable solo a los funcionarios policiales.
La norma amplía a los carabineros alumnos, desde el segundo año, la autorización para porte de armas, en el marco de sus prácticas policiales.
Los menores de edad de iniciales J.A.A.H y G.P.C.P. de 13 y 12 años de edad, respectivamente, se encontraban en sus bicicletas observando por curiosidad lo que ocurría. Luego, un funcionario de carabineros, procedió a detener a ambos niños, quienes pese a su edad, fueron llevados hasta un árbol del bandejón central de avenida Colón, exigiéndoles que se arrodillaran con las piernas cruzadas y las manos detrás de la cabeza…
Cabe hacer presente, señala el fallo, que Maximiliano BASÁEZ CASTILLO impartió instrucciones a fin de que el ilícito fuera realizado en la comuna de La Granja, ya que de esa forma podía brindarle cobertura valiéndose de su condición y atribuciones que mantenía como funcionario de Carabineros de la Tenencia Mauricio Rivera López ubicada en dicha comuna.
