El Tribunal acogió la acción, tras establecer que el actuar de la institución policial vulneró los derechos fundamentales de la trabajadora.
No se acredita que los acontecimientos denunciados se hayan verificado de la forma en que pretenden los recurrentes, ni tampoco se logró identificar una actuación ilegal de la policía uniformada.
Decisión adoptada con la prevención de la magistrada Guerrero Rosen, quien concurriendo a la condena por el delito previsto en el artículo 150 A del Código Penal, estuvo por imponer a los sentenciados penas de 7 años, seis meses y un día de presidio.
El Tribunal de alzada desestimó una errada aplicación del derecho en la sentencia apelada, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de La Serena.
Al omitir las autorizaciones previas que exige la ley, la autoridad otorgó un trato que ha perjudicado al actor, vulnerando la garantía consagrada en el artículo 19 Nº2 de la Constitución.
La Comisión de Seguridad Pública analizará esta iniciativa que plantea un reordenamiento y enfrentar los temas de delincuencia con un sistema de seguridad especializado.
La literalidad de la norma obliga a incorporar en la pensión todas las asignaciones y bonificaciones de que disfruten sus similares de igual grado y años de servicios en actividad.
La iniciativa debutó en 2020 en el marco de la reforma y modernización de Carabineros de Chile.
El Tribunal tras la deliberación de rigor, dio por acreditado tanto la ocurrencia del delito como la participación culpable del ex jefe de la Comisaría de Angol en los hechos.
El máximo Tribunal rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por las defensas en contra de la sentencia que condenó al capitán Héctor Fernando Osses Yáñez y al teniente Aquiles Bustamante Oliva, a la época de los hechos, a 10 años y un día de presidio por el homicidio calificado y a 61 días de reclusión, por el secuestro simple.
