Revelar sin más el contenido de las cámaras corporales al amparo de la norma cuestionada, implicaría preferir, a todo evento, la entrega de información no amparada por el artículo 8° de la Constitución con total olvido de las causales reconocidas en esa disposición.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia dictada por el 15° Juzgado Civil de Santiago, que ordenó el pago $20.000.000 por concepto de daño moral, y la revocó en la parte que rechazó la demanda de indemnización de perjuicios por daño emergente y, en su lugar, la acogió, condenando al demandado al pago de $8.481.615 por dicho concepto.

El ente contralor adujo que no consta que el exfuncionario haya realizado posteriormente alguna gestión en el proceso sumarial que permita tenerlo por notificado tácitamente.

Se trata de un grupo de 22 personas entre 18 y 34 años, quienes pidieron una indemnización de $7.025.565.22. En ese sentido, el presidente del CDE, Juan Peribonio, solicitó al 15º Juzgado Civil de Santiago que rechace la demanda y calificó los montos como «desproporcionados».

Además de armas también se registraron explosivos, ropa de camuflaje y gran cantidad de municiones.

La información requerida reviste el carácter de pública, al tenor del artículo 8 de la Carta Fundamental, pues no revisten la naturaleza de acto o resolución y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° letra a) del Decreto Supremo N° 13 de 2009, del Ministerio General de la Presidencia, Reglamento de la Ley de Transparencia.

Según lo relatado por testigos, personal de Carabineros de la 66° Comisaría de Puente Alto se encontraba haciendo un operativo por el robo de un camión en la feria libre en Bajos de Mena

El Tribunal de alzada revocó la resolución dictada el pasado 11 de marzo por el Juzgado de Garantía de Rancagua, que dispuso dejar sin efecto la cautelar de prisión preventiva.

La sentencia se dictó sin realizar una exposición clara, lógica y completa de los hechos probados y sin fundamentar de manera completa la valoración de todas las pruebas rendidas en juicio.

La requirente estima que los preceptos impugnados infringirían el principio de juridicidad, contenido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política.