La suspensión de las remuneraciones de los funcionarios de Carabineros en prisión preventiva vulnera su derecho de presunción de inocencia.
Ordenó a los recurridos adecuar sus actuaciones a lo establecido en el “Protocolo para el Resguardo de las Personas en Situación de Calle en Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe”.
En los hechos de la causa no consta de forma clara cuales fueron los indicios que motivaron al personal policial a efectuar el control de identidad sobre el acusado.
La Magistratura Constitucional sostuvo que concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 84, numeral 4°, de la LOCTC.
El máximo Tribunal apuntó que la utilización de estos implementos está regulada por los protocolos de uso de la fuerza, y «es una temática que no puede ser resuelta» por vía judicial.
La defensa tuvo conocimiento de todas las diligencias investigativas realizadas por la policía y las impugnó en la audiencia de juicio oral, por lo que no se configura una causal de indefensión que logre viciar el procedimiento.
El examen de legalidad del actuar de Carabineros de Chile al realizar maniobras de contención dentro de las manifestaciones sociales y el uso de armas antidisturbios es una temática que no puede ser resuelta mediante un recurso de protección.
La recurrente sufre de una afección de origen psiquiátrico, que es incurable y no le permite servir como funcionaria de Carabineros de Chile.
Según el tribunal se incurrió en «falta de servicio» en el presunto suicidio de una persona en una comisaría ocurrido en 2013.
El acceso a copia de las imágenes había sido denegado por la institución aludiendo a que la institución debería distraer al personal policial de sus funciones para realizar manualmente acciones de tarjado o difuminado de datos personales –como la imagen del rostro- de quienes pudieran aparecer en las grabaciones y evitar así su individualización.
