El Tribunal de alzada hizo lugar a la acción cautelar deducida y revocó la resolución dictada el jueves 27 de enero recién pasado por el Juzgado de Garantía de Temuco, ordenando el arresto total del teniente coronel, por considerar que dicha medida garantiza en esta etapa procesal, los fines del procedimiento.

El demandado no rindió pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de su responsabilidad civil extracontractual a causa de los daños provocados.

El Tribunal de alzada no hizo lugar a la acción deducida, tras establecer que la autoridad recurrida actuó dentro de sus atribuciones.

El Tribunal rechazó la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público, con adhesión de los querellantes, y mantuvo bajo arresto domiciliario total a Carlos Roberto Alarcón Molina –decretado por la Corte de Temuco en abril del año pasado- por considerar que dicha medida satisface la necesidad de cautela en esta etapa procesal.

Al recurrente le fue aplicada una sanción mediante resolución fundada dictada por autoridad competente en conformidad al Reglamento de la Institución.

El máximo Tribunal ratificó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que desestimó la acción cautelar por considerar que el recurso de amparo no es la vía idónea.

El Tribunal no acogió la modificación de medidas cautelares plateada por la defensa y mantuvo la cautelar más gravosa para Crespo Guzmán, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

Junto con la acción referida, otros 3 Generales presentaron, en su oportunidad, los correspondientes recursos de protección, en donde expresaron las mismas alegaciones, por lo que este mismo criterio fue utilizado para declarar la inadmisibilidad de las acciones constitucionales.

En el marco de la ley previsional los distingos soltera y divorciada devienen accidentales, no substanciales, cuando se observan las afinidades medulares que las asemejan, como es la misma contingencia social que afecta a la divorciada.

La magistrada estableció, con el acuerdo del Ministerio Publico, querellantes y defensas presentes, que la audiencia se desarrollará a través de videoconferencia.