Las comisiones unidas de Constitución y de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados determinaron que un arma letal es aquella que, empleada conforme a su diseño y destinación, tiene alta probabilidad de causar la muerte o lesiones graves. También se aprobaron las reglas en el caso del personal de las Fuerzas Armadas.

La reacción que ha tenido el Estado frente a las fuerzas de Orden y Seguridad por su rol en el estallido social ha diferido sustantivamente del enfoque tomado con las personas que delinquieron en esa misma época y cometieron actos de violencia, fundamentalmente por un enfoque político.

Los hechos habrían tenido lugar el día 15 de marzo de 2024, durante un procedimiento en que el camarógrafo del canal Universidad Autónoma de Chile Televisión cubría una noticia consistente en una manifestación de agricultores, que se realizaba en la ruta 5 sur, en el sector de PUA.

El requirente alega que las normas legales objetadas infringen el principio de legalidad, el debido proceso, el principio de la irretroactividad de la ley penal y el principio de presunción de inocencia, desde que a pesar de que no existe un nexo causal entre la conducta del ex Director General con la causación del resultado, se le atribuye la participación en apremios ilegítimos por el carácter de alto mando, en circunstancias que, sus instrucciones no fueron impartidas para ordenar que los oficiales o suboficiales a su cargo cometieran delito alguno durante el estallido social.

La decisión adoptada es, efectivamente, una de aquellas previstas en la reglamentación respectiva y fundada en las necesidades propias de la institución recurrida, por lo que las circunstancias hechas valer por los recurrentes no impiden el traslado del actor, por cuanto esto obedece a necesidades propias de Carabineros.

Tampoco hubo afectación a la prohibición de juzgamiento por comisiones especiales, sino que se trató de una forma extrajudicial que la recurrida empleó para reclamar sus derechos.

La resolución denunciada como ilegal o arbitraria, no es sino una diligencia dentro de la tramitación de un procedimiento investigativo aún inconcluso. Recién ahora en ese procedimiento el recurrente puede hacer uso de su derecho a debatir las conclusiones y proposición primarias del Fiscal, presentar sus pruebas y, eventualmente, ejercer los recursos administrativos y legales que le asisten.

Para desarrollar actividades de seguridad privada, las empresas deben contar con una autorización otorgada por la institución policial, previa acreditación del cumplimiento de la idoneidad cívica de todos sus socios, administradores y representantes legales, entre otros requisitos.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, la igual protección en el ejercicio de sus derechos, el debido proceso y el principio de supremacía constitucional, desde que se decretó su retiro temporal por el Director Nacional de Gendarmería, ejerciendo una facultad que se le atribuye exclusivamente al General Director de Carabineros y que es aplicable solo a los funcionarios policiales.

La norma amplía a los carabineros alumnos, desde el segundo año, la autorización para porte de armas, en el marco de sus prácticas policiales.