El software permite que las diligencias investigativas no sean instruidas por vía telefónica.
Asimismo, Bustos dio a conocer por qué consideran que se debe imputar a los altos mandos de Carabineros, entre los cuales, apuntó al General Director, el Subdirector y el Director de Orden y Seguridad de Carabineros de ese entonces.
La resolución pide al Ejecutivo medidas al respecto y crear mecanismos de denuncia, fiscalización y sanción que protejan a funcionarios denunciantes.
Existen razones de interés nacional para no tolerar y sancionar drásticamente el consumo de drogas al interior de Carabineros, no dejando espacios a interpretaciones que pudieran relajar el cumplimiento de la Ley 20.000 y de las instrucciones impartidas por la autoridad institucional, normativa que está en conocimiento de todo el personal y que es objeto de constantes fiscalizaciones, entre ellas, exámenes de orina sorpresas, como ocurrió en este caso, refiere el voto en contra.
Tal decisión no constituye un acto terminal, por cuanto se encuentra supeditada a lo que se defina en el sumario instruido en contra de los recurrentes, cuyo resultado determinará si esta baja inmediata se mantiene o queda sin efecto.
El tribunal dio por acreditado, que aproximadamente a las 21 horas del 22 de noviembre de 2019, en la comuna de La Serena, funcionarios de Carabineros de la Subcomisaría de Fuerzas Especiales, con ocasión de manifestaciones sociales que se verificaban a esa hora, junto con otros tres funcionarios no identificados, detuvieron a la víctima, un menor de 13 años de edad, a quien agredieron con golpes de luma en el rostro y cuerpo y, luego, trasladaron en calidad de detenido a la Primera Comisaría de la comuna.
La magistrada además del pago de la indemnización, ordenó que las disculpas públicas deben publicarse en dos diarios de circulación nacional, en el plazo de 15 días hábiles, a contar de la fecha que el fallo se encuentre firme y ejecutoriado.
Si el recurrente estima que las infracciones constatadas son inexistentes, carecen de fundamento, o no resultan acreditadas por la mera constatación de los funcionarios policiales, debió efectuar sus defensas y alegaciones en la sede correspondiente, esto es, en el Juzgado de Policía Local.
La pérdida de las atenciones de la red salud institucional del niño a causa de la baja condicional de su padre, estriba en un acto ilegal y contrario a los artículos 6 y 7 de la Ley 21.430, sobre Garantías y Protección Especial de los Derechos de la niñez y adolescencia.
El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar al establecer el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida, por lo que le ordenó la reincorporar inmediata de cabo segundo.
