Cuando una persona es privada de la libertad, se separa temporalmente de la sociedad, lo que hace que el Estado asuma la responsabilidad de satisfacer sus necesidades básicas y proteger sus derechos, ya que la persona bajo estas circunstancias no puede proveerse por sí misma de los bienes y servicios necesarios para subsistir. Por tanto, el Estado, a través de las autoridades carcelarias, tiene la obligación de asegurar condiciones que permitan una existencia digna.

Asimismo, en las resoluciones remitidas al Ejecutivo, se solicitó apoyo presupuestario para las corporaciones de asistencia judicial y beneficio para asistentes de la educación.

La demanda busca remediar estas presuntas violaciones para garantizar que los derechos conferidos por HALT sean respetados plenamente por las autoridades penitenciarias de Nueva York. Plantean cuestiones de interés relativas a la implementación y el cumplimiento de la legislación penitenciaria en el Estado, así como sobre los derechos de las personas con discapacidades dentro del sistema correccional.

El objeto de la ley es hacerse cargo del incremento sostenido de la población que ingresa a los establecimientos penitenciarios, ya sea para cumplir la medida de prisión preventiva o una condena penal y, a la vez, dar solución al hacinamiento y la falta de plazas disponibles en los recintos penales.

La iniciativa nace no sólo para descongestionar la cárcel de Chillán, sino que además para cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos para con las mujeres privadas de libertad. Segrega a imputadas y condenadas.

Quedará exento de responsabilidad, es decir, sin sanción, el abogado defensor de quien tuviere en su poder los elementos y que no denuncie el hecho.

La agravante establecida por el legislador en la letra h) del artículo 19 de la Ley Nº20.000 tiene su fundamento en los perniciosos efectos que produce el tráfico de drogas en los recintos penitenciarios, especialmente la afectación de la salud de la población penal, el favorecimiento de la corrupción, y las dificultades que genera en la disciplina penitenciaria.

Actualmente, tanto una enmienda –presentada por Republicanos– como una Iniciativa Popular de Norma, permitirían el arresto domiciliario a presos que superen los 75 años. Algunos de los beneficiados serían reos que han sido condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Entre ellos, aparece Miguel Krassnoff, brigadier que fue condenado por 900 años debido a delitos de homicidio, secuestro, violación a los derechos humanos, entre otros.

Actualmente existe una ley que sanciona el ingreso de este tipo de dispositivos, por lo que se quiere incorporar penas para quienes tengan en su poder celulares o aparatos para comunicarse con el exterior de los recintos penitenciarios.

La acusada fue observada por personal de Gendarmería en el momento en que una de sus visitas le entregó un recipiente ovoide, que contenía cocaína y otros estupefacientes, el cual le fue extraído desde sus genitales en un registro posterior para evitar el ingreso de dicha droga a la unidad penitenciaria.