La agravante establecida por el legislador en la letra h) del artículo 19 de la Ley Nº20.000 tiene su fundamento en los perniciosos efectos que produce el tráfico de drogas en los recintos penitenciarios, especialmente la afectación de la salud de la población penal, el favorecimiento de la corrupción, y las dificultades que genera en la disciplina penitenciaria.

Actualmente, tanto una enmienda –presentada por Republicanos– como una Iniciativa Popular de Norma, permitirían el arresto domiciliario a presos que superen los 75 años. Algunos de los beneficiados serían reos que han sido condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Entre ellos, aparece Miguel Krassnoff, brigadier que fue condenado por 900 años debido a delitos de homicidio, secuestro, violación a los derechos humanos, entre otros.

Actualmente existe una ley que sanciona el ingreso de este tipo de dispositivos, por lo que se quiere incorporar penas para quienes tengan en su poder celulares o aparatos para comunicarse con el exterior de los recintos penitenciarios.

La acusada fue observada por personal de Gendarmería en el momento en que una de sus visitas le entregó un recipiente ovoide, que contenía cocaína y otros estupefacientes, el cual le fue extraído desde sus genitales en un registro posterior para evitar el ingreso de dicha droga a la unidad penitenciaria.

La acusada ingresó junto a otro coimputado al inmueble y sustrajeron diversas especies, siendo sorprendidos por Carabineros mientras huían del lugar. Pese a encontrarse el delito frustrado, los jueces sancionaron a la imputada como si el delito se hubiera consumado, por aplicación del artículo 450 del Código Penal. No se le puede reconocer la atenuante de colaboración sustancial al ser sorprendida en flagrancia.

La Comisión de Salud del Senado también comenzó la ronda de audiencias por el proyecto que regula la práctica de intervenciones y procedimientos con fines estéticos debatiendo el rol de la subespecialidad de cirugía plástica.

Esto incentivará el trabajo al interior de los recintos penales, así como la necesidad de mejorar las condiciones para posibilitar la realización de dicho trabajo y de actividades económicas puesto que los reclusos verán surgir la necesidad de practicar tales labores.

No obstante, el Tribunal Supremo de España rebajó el monto a indemnizar, en cuanto se deben descontar sus honorarios como abogado.

El recurrente utilizó su cargo para eludir los controles de acceso al recinto penal de Arica, e ingresar droga destinada a su hijo recluido en dicha unidad.

La Segunda Sala del tribunal de alzada hizo lugar a la acción constitucional de amparo, e instruyó a la institución penitenciaria adoptar las medidas tendientes a resolver los problemas de infraestructura de los servicios de higiene, que impiden el digno acceso de las personas privadas de libertad a los servicios sanitarios del establecimiento penal.