Los jueces deben velar por que la privación de libertad se cumpla en forma acorde a los estándares mínimos fijados en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos –Reglas Mandela- y, en esa tarea, ordenar, en su caso, el cese de los actos u omisiones.
La iniciativa busca corregir falencias para dotar de estabilidad y seguridad al sistema penitenciario, mediante el diseño e implementación de políticas carcelarias en orden a prevenir, disuadir y desmantelar estas organizaciones y su actividad delictiva.
La Comisión de Constitución aprobó en particular la iniciativa que ahora debe ser analizada por su par de Hacienda antes de votarse en el hemiciclo de la Cámara Alta.
La Comisión de Constitución aprobó por mayoría la idea de legislar sobre la iniciativa que busca simplificar transitoriamente algunos trámites para la alteración, ampliación, reparación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios.
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, explicó los alcances de la iniciativa que establece reglas especiales para la ampliación, reparación o construcción de estos recintos.
Se estima que la tenencia de estos elementos es una conducta peligrosa por su potencialidad de afectar la seguridad de las personas y de la sociedad cuando se usan tanto para la planificación y ejecución de delitos.
La propuesta se impulsa en función del gran número de delitos, como estafas telefónicas o extorsiones, que se realizan desde las cárceles bajo la modalidad “cuento del tío”.
A través de dos resoluciones, la Cámara pidió al Ejecutivo abordar la situación de los recintos penales y la realidad carcelaria vigente
Los fiscales Tita Aránguiz Zúñiga, Carla Troncoso Bustamante, Jaime Salas Astraín y Anamaría Quintero Harvey pidieron pronunciamiento al tribunal de alzada, el cual luego de analizar la situación y pedir informe a los jueces, estableció que la comunicación telemática no permite fiscalizar el estado de los internos, por lo que deben volver a ser presenciales.
Las instancias judiciales han rechazado la demanda de manera liminar sin que se haya llevado cabo la correspondiente investigación sumaria que constate el estado de salud del interno, el diagnóstico médico y el tratamiento que se le habría prescrito, lo que configura una eventual vulneración del derecho a la salud del interno.
La propuesta que nació de una demanda de Gendarmería, va en la línea de frenar la coordinación del crimen organizado y la comisión de delitos como estafas.
