El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho a defensa, desde que impone la carga probatoria al demandado, lo que resulta desproporcionado e injusto, en cuanto no sólo se requiere que el ejecutado pruebe un hecho negativo, sino que, además, se exige hacerlo dentro de un plazo breve.
La aplicación del principio favor debilis permite equiparar la asimetría de conocimientos que los contratantes tienen de la cosa vendida, por estimarse que el comprador no posee la instrucción adecuada para determinar si el bien adquirido cumple con lo ofertado en la publicidad.
Infringe el principio de competencia y afecta el derecho constitucional a un procedimiento e investigación justos y racionales.
