En el documento se precisa que las actuaciones del gobierno, en especial de las ministras del Interior, Carolina Tohá, y de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, “ahondaron la crisis en perjuicio de la víctima, ejecutando declaraciones y adoptando medidas de manera tanto tardía como errática”.
Adicionalmente, el Senado acordó “dar un tratamiento similar al que se le da a la macrozona sur”, autorizando las sesiones secretas de las Comisiones de Defensa y Seguridad, unidas, para que puedan recibir información y detalles de los avances.
La migración irregular disminuyó un 23%; se concretaron 920 expulsiones de personas de nacionalidad extranjera y 14 mausoleos narco fueron demolidos para recuperar los espacios públicos.
Se aprobaron las modificaciones propuestas por el Ejecutivo en materia de suprimir la legítima defensa privilegiada, eliminar el marco penal rígido y regular la flagrancia permanente, entre otras medidas. La oposición anunció la presentación de un proyecto de ley para corregir aspectos con los que no están de acuerdo.
La acción de protección no es de carácter popular y tampoco se mencionan hechos que puedan constituir una vulneración a las garantías constitucionales previstas en el artículo 20 de la Constitución.
