En fallos unánimes, la Primera Sala del tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal de la universidad,  al decidir no renovar de las contratas por medio de una comisión especial que vulneró el derecho a defensa y el debido proceso. Asimismo, se desestimó la extemporaneidad alegada, tras constatar que las acciones constitucionales fueron presentadas en el plazo legal de 30 días corridos.