La demandante quiso anular la venta de una fracción de su predio a una cooperativa rural de agua, esgrimiendo que la falta de educación formal presume la ausencia de voluntad para la celebración del acto, argumento que fue desechado por la magistratura al verificar que durante la compraventa, en todo momento la demandante supo el acto que celebraba, situación que incluso la CONADI confirmó mediante informes.

La empresa ya había sido reconvenida a informar de forma oportuna los tratamientos y muestras de sus salmones, a fin de seguir el avance del tratamiento contra el virus ISA (anemia infecciosa del salmón) detectado en una de sus plantas, no obstante, la denunciada continuó con la producción de la especie, motivo que fue calificado como reincidencia por parte de la magistratura que impuso la multa.

La dueña del inmueble dedujo acción reivindicatoria para recuperar parte de la propiedad ocupada, la que fue acogida por la magistratura al verificar la privación del dominio. Asimismo, el máximo Tribunal indicó que la demandada no puede desconocer los hechos asentados en el juicio, para invocar nuevos hechos en su recurso de nulidad sustancial.

El máximo Tribunal reparó en que el título invocado por el demandante no justifica el dominio que pretende, respecto de un bien que nunca ha poseído materialmente, y respecto del cual, el demandando mantiene una inscripción vigente y la posesión tranquila del inmueble por más de 25 años.

Adquirió un bien inmueble por prescripción de acuerdo a las disposiciones del DL N° 2695 y que posteriormente vendió, pero al momento de inscribir la compraventa, el Conservador de Bienes Raíces rechazó la inscripción, sosteniendo que el vendedor se encontraba casado bajo el régimen de sociedad conyugal, circunstancia que importaría que el bien raíz sea considerado social y no del haber propio del cónyuge.

La empresa ENEL, al ser quien exige el pago de la deuda, debía probar que el demandado efectivamente tenía el dominio sobre el inmueble que recibió el servicio, no siendo instrumento útil la boleta del suministro, por lo tanto, los jueces de fondo yerran al invertir la carga de la prueba y pedir al demandado que acredite que no es dueño del predio que generó la deuda.

En su libelo la actora solicitó la restitución de 5.600 metros cuadrados de un retazo colindante a su predio de mayor extensión, y el tribunal de primer grado dio lugar a la acción ordenando restituir “0,52 hectáreas del retazo”, sin ningún tipo de singularización respecto de la ubicación y deslindes de la porción litigiosa, requisito fundamental de la acción contemplada en el artículo 889 del Código Civil.

El municipio rechazó la solicitud al confundir la obra nueva -construcción de una portería-, con un permiso para subdividir los lotes del predio, error que la llevó a exigir requisitos que la ley no contempla para las obras nuevas; por lo tanto, el máximo Tribunal estimó que la resolución recurrida adolecía de ilegalidad.

Si ambas partes poseen un título de dominio, es evidente que existe una superposición de aquel respecto del mismo inmueble, por ello, determinar quién es el verdadero dueño de la propiedad excede los límites del precario, y las partes deben resolver tal litigio mediante un juicio declarativo de lato conocimiento.

El máximo Tribunal mantuvo a firme la decisión de la magistratura de instancia, al observar que el demandante no probó en juicio la fuente de la obligación que pretendía le fuera reconocida por medio de un pagaré, y en sede de nulidad sustancial impugnó las normas probatorias, y no aquellas decisoria Litis que decían relación con el contrato de mutuo.